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Autonomía de los pueblos indígenas y gobierno electo
21 Nov 2010 - 23:35
Mi rechazo enérgico a las veladas amenazas que ha recibido recientemente el doctor Víctor Raúl Martínez Vásquez. Cobardes herramientas de la reacción antidemocrática con dudosa firma. No se pueden endosar injusticias cometidas por el autoritarismo a quien ha sido siempre consecuente con su pensamiento y actuar junto al movimiento popular. Mi respaldo absoluto para él.
Suscribo el eco que recién hizo Gustavo Esteva de una declaración de Gabino Cué con respecto a la noción de autonomía de los pueblos indígenas, señalando la "falta de respeto que le han mostrado los poderes constituidos" (La Jornada 15.11.2010) a pesar de que ya existe todo un marco jurídico que obliga al Estado a encaminar los esfuerzos por consolidarla. La pregunta que está murmurándose desde diversos rincones académicos y etnopolíticos es ¿y hasta dónde estará dispuesto el gobernador electo a trascender en la realidad los derechos que hoy por hoy son no sólo necesarios, sino una obligación jurídica de carácter internacional, nacional y local, para transitar hacia una verdadera autonomía de los pueblos indígenas?
Asumiendo el riesgo que conlleva el plantear un tema tan complejo en un espacio breve como éste, sí me interesa ponerlo sobre la mesa debido a que en mi opinión será uno de los puntos nodales de la estabilidad política interna de la entidad en los próximos años y, evidentemente, el gobernador electo tendrá que tomar una decisión y dar señales a corto plazo en torno a la postura que asumirá sobre esta cuestión. Recordar que Oaxaca es el estado de la República Mexicana que concentra la mayor presencia de población indígena. Aquí se hablan alrededor de 50 de las 62 lenguas indígenas que existen en el país1. Es decir, este no es un tema menor, debe ser central en la agenda de gobierno.
El lector recordará que en 1994 y los años siguientes, con el surgimiento del EZLN y la sacudida que provocó al país en todos sentidos, algunos juristas cercanos al gobierno señalaban que los términos de autonomía trazados por los neozapatistas se oponen a la primacía del Estado y que podrían provocar fragmentación de la soberanía nacional o la formación de "estaditos dentro del Estado"; hablaban incluso de un riesgo de "balcanización" del país. Toneladas de tinta se han vertido desde entonces para apoyar la moción o refutarla, sin llegar a consensuarla. Posteriormente se dieron cambios a nivel del discurso --la Constitución Federal y algunas estatales como la de Oaxaca fueron modificadas-- pero hasta ahora no se ha llegado a un nivel que satisfaga a todos los involucrados.
Aquí es importante recordar algo y decirlo con todas sus letras. Hablar de autonomía es hablar de poder. Y hablar de poder es hablar de lucha por el control de recursos (económicos, humanos, naturales, culturales). Quien esgrime un discurso autonómico --que en los pueblos indígenas es legítimo, por supuesto, dadas las condiciones de subalternidad en las que han sido colocados históricamente hasta ahora-- está perfilando una organización social que aspire al control de esos recursos diversos sin intervención de algún ente hegemónico "externo". Así de claro: no se están proponiendo formas de descentralización de los poderes estatales y de administración de los poderes verticales del Estado, se está pensando en poderes autónomos, con poder de decisión y autoridad. He aquí la distancia y desconfianza colocada por el sistema político mexicano frente a estas imágenes de "pérdida de control" político regionales.
Ahora bien, como abogado del diablo debo señalar también las críticas, que son muchas --admito a la posibilidad intolerante de que mis colegas me expulsen de la comunidad del discurso sociológico y antropológico por no ser políticamente correcto: casi como si entrara a una iglesia y gritara que Dios no existe--. Me refiero al provecho que le están sacando algunos dirigentes e intelectuales indígenas (y otros no tanto) al nuevo marco jurídico sin que representen beneficios a las colectividades que se dicen representar y que hablan en su nombre. En efecto, los liderazgos son muy importantes, pero pueden servir como puentes, como filtros o como barreras. Tenemos a la vista también los abusos que se cometen y conflictos que tienen que ver con la restricción de la participación de algunos sectores de la ciudadanía, principalmente de las agencias, avecindados, mujeres, radicados y jóvenes en municipios que se identifican como "indígenas".
El hecho es que hoy la ley en Oaxaca tiene reconocido ya el derecho de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, definiéndola como la expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades "como partes integrantes del estado de Oaxaca" (Cap. 1, Art. 3). Hasta donde tengo controlado, ningún municipio reconocido como indígena en Oaxaca ha rechazado seguir recibiendo los recursos económicos federales o estatales que les corresponden como parte de su ciudadanía mexicana (a diferencia de lo que resolvieron los caracoles zapatistas de Chiapas). Es decir, no me parece que se esté planteando por lo pronto un desgarramiento ni ruptura total con el gobierno central (la tesis de los "estaditos"). Veo más bien un proceso de negociación del control de los recursos y de los elementos de identidad propia. Por supuesto, el ideal sería abrir un camino hacia la llamada reconstitución cultural de los pueblos indígenas, aunque debo reconocer que es difícil no ver un profundo corte esencialista en ese tipo de argumentos. Algunos sectores importantes de estas luchas se han pronunciado al respecto y se mantienen a la expectativa. Le toca mover la ficha al gobierno electo de Oaxaca.
1 EDUCA, A.C., 2004, Seminario de reconstitución de los sistemas * Doctor en Estudios Latinoamericanos, UCM.
políticos indígenas de Oaxaca, p. 9.
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